LAS INSTITUCIONES insulares se han
revelado tan sofisticadas que, cuando las
cosas no funcionan, la mayoría de la gente
no se entera. Y lo que es más aún
impresionante, tampoco se enteran de
cuando funcionan. Por suerte, maniobras
castrenses como las ejecutadas esta
semana por el presidente balear, José
Ramón Bauzá, en la isla de Ibiza, nos
ayudan a trivializar su razón de ser.
Bauzá exhibe una disposición fenomenal
a no respetar la voluntad de las urnas y
pasarse a la oposición, siguiendo en este
caso la voluntad de un equipo de Gobierno
en permanente combustión espontánea, «y
no pasa nada», obviando que dentro de diez
meses deberá aclarar en campaña electoral
si tiene decidido gobernar si ganara las
elecciones. Su postura alivia en Baleares las
intenciones de Rajoy para una reforma
electoral en la que gobierne la lista más
votada, y es consecuencia cabal de repudiar
a dos alcaldesas, un candidato a alcalde, tres
tenientes de alcalde y un concejal raso, y
ponerse a leer el remanente de la lista
electoral de 2011, quizá con la misma
aflicción de quien cuenta los días por el
calendario Pirelli.
La fatalidad ha querido arrojar en dos
semanas un cómputo global de empate a cinco entre agentes cívicos expulsados del
Ayuntamiento de San Antonio, y concejales
arrojados del equipo de Gobierno de Ibiza. A
estas alturas ya a nadie se le escapa que a
ambas formaciones les unía un sueldo
público y les separaba el hachís, una
sustancia que habría servido para explicar
los últimos trapicheos de los ediles.
Para no desarmar el bucle paródico, el
concejal que se gastó 101.000 euros,
incluyendo polos naranja, en llenar las calles
del conflictivo West End con un contingente
postizo de ex delincuentes y fumetas, es el
único que sigue en su puesto. San Antonio es
además un municipio fértil e imaginativo en
escándalos: puerto de salida de party boats,
droga caníbal y hospitales de campaña para
sobredosis, que lo mismo se sube el sueldo la
corporación en el cénit de la crisis, que un
concejal se encara con la policía, que otro te
hace una obra ilegal, que se llenan las calles
con trípticos del consulado británico
advirtiendo que caminar solo es un peligro, o
que el departamento de urbanismo se
traslada a hacer las horas extra al juzgado.
La gestión de los últimos ediles
expulsados en el Ayuntamiento de Ibiza
pasará a la historia por incomparecencia,
frente a la belleza de la desvergüenza de sus
compañeros de la otra punta de la isla. La
mala gestión es una fruslería comparado con
la deslealtad, el mal rollo y los emoticonos de
japuta, porque esto último afecta a la imagen
de un partido, mientras que lo primero tan
sólo lo degusta el ciudadano.